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Sep 14, 2018 / 06:58
Seguridad y corrupción deuda del Gobierno saliente; Senado analiza política interior
Ciudad de México.- El Pleno del Senado de la República analizó el estado que guarda la Nación en materia de política interior, como parte de la discusión que realizan los Grupo Parlamentarios del VI y último Informe de Gobierno, del presidente Enrique Peña Nieto.

Senadoras y senadores de diversas fracciones hablaron de los esfuerzos realizados para atender los problemas de violencia en todo el país, y coincidieron en que las medidas fueron insuficientes porque no se logró un clima de paz y seguridad. Además, abundaron, se deja un legado de corrupción sin castigo.

El senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, del Grupo Parlamentario de Morena, manifestó que durante los últimos años se ha desvalorizado la labor docente y se ha adjudicado la mala calidad de la educación al magisterio.

Recordó que uno de los compromisos del presidente electo es mejorar la educación y la situación de los maestros, “vamos a abrogar lo que tengamos que abrogar, vamos a construir un mejor tejido social, queremos una gobernabilidad; paz social sí, despidos no”.

Desde la Tribuna, el senador Marco Antonio Gama Basarte, del PAN, señaló que la Política Interior del actual gobierno se analiza en un entorno de insatisfacción de la población, a causa de la inseguridad y los escasos resultados que finalizan en calidad de catastróficos.

Subrayó que la aseveración del presidente de la República, con relación a que no se alcanzó la meta deseada en materia de seguridad en todo el país, pues es acertada, debido a que deja el registro del año más violento en su sexenio y con más de 37 mil personas desaparecidas. “Los hechos de criminalidad y corrupción no deben quedar impunes y ojalá que en el próximo gobierno se logren cambios de fondo y no solo de forma”, exigió.

En su oportunidad, el senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que el actual gobierno se ha caracterizado por escuchar y atender no solo las propuestas de las fuerzas políticas, de los tres niveles de gobierno y de la sociedad civil en su conjunto, sino también a los Poderes de la Unión, para lograr una paz más armónica en el país, por lo cual expresó su reconocimiento al Ejército, la Marina y la Policía Federal por luchar en ese objetivo.

Luego, destacó las estrategias, programas, acciones y esquemas que han fortalecido el modelo de justicia y su impartición, así como el modelo de nacional de seguridad que ha buscado en todo momento, establecer los elementos legales para que se dé certeza a la acción gubernamental para implementar los programas de seguridad y atención ciudadana.

El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, opinó que la conducción de la política interna estuvo marcada durante todo el sexenio por contradicciones, equívocos y bandazos; “la muestra más elocuente de ello es la política de seguridad, la grave crisis de violencia y derechos humanos, que han ensangrentado al país”.

Recordó que en el último año, el gobierno del PRI impuso la Ley de Seguridad Interior contra la opinión de especialistas, sociedad civil y organismos internacionales y decidió convertir en ley una estrategia fallida que ha generado una grave crisis en materia de derechos humanos, que hoy alcanza más de 30 mil desaparecidos, más de 15 mil feminicidios, más de 300 mil desplazados y un sinnúmero de ejecuciones extrajudiciales, entre muchos otros.

Del PRD, el senador Antonio García Conejo dijo que el pasado 1 de julio la mayoría del electorado manifestó su rechazo a las políticas públicas diseñadas desde el gobierno federal y reprobó los resultados de su administración.

Señaló que en el tema de seguridad, la administración actual falló porque replicó la fallida política de combate a la delincuencia establecida en gobiernos anteriores, además, no se esclareció, castigó o restituyó a las víctimas en casos como Ayotzinapa, Tanhuato, y más, de personas desparecidas.

El senador Joel Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, señaló que una gran debilidad del país es la red de impunidad que se extiende por todo el Sistema, sobre todo en las capas superiores.

Explicó que el país no requiere la Ley de Seguridad Interior, sino el fortalecimiento de las instituciones civiles, que son las encargadas de brindar seguridad y justicia.

Renata Romo, senadora del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, rechazó la política neoliberal de injusticias, inseguridad y corrupción; derivadas de malas e irresponsables decisiones de la Administración federal que termina, dijo.

Refirió que el gobierno saliente, en términos generales, se va “arrastrando muertes, pobreza, desigualdad e inseguridad, y esa es la evaluación de los mexicanos”.

La senadora del PVEM, Verónica Camino Farjat aseguró que los esfuerzos de la administración saliente no se deben regatear porque sentó las bases en materia de justica, se despolitizó el tema y se hizo uso de las fuerzas federales para apoyar en todo momento las zonas violentas.

No obstante, consideró se requiere recuperar espacios recreativos y ofrecer a los jóvenes alternativas de desarrollo, prevención del delito y participación ciudadana, basados en los pilares que deja el presidente Peña Nieto: un marco jurídico en la capacitación de las fuerzas de seguridad y federal, equipamiento y bienestar de todos los elementos de los cuerpos de seguridad.

El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza Longoria, señaló que el gobierno quedó a deber, pues no se estuvo a la altura de las necesidades y cambios de la sociedad. Sobraron complicidades, respuesta y castigo a responsables de los hechos de Ayotzinapa, la estafa maestra, Odebrecht y las complicidades para hacer negocios.

Se pasó la oportunidad de refundar la procuración de justicia, y hay indicios que señalan que estamos a punto de cometer el mismo error, pero con consecuencias mayores. Faltó visión y sobraron complicidades, “son una gran y dolosa decepción”, subrayó.

En una segunda ronda de intervenciones senadoras y senadores criticaron la incapacidad del Gobierno de Enrique Peña Nieto para atender los delitos, desapariciones, agresiones a periodistas y la “inmensa” deuda social. Ésta es considerada la administración más violenta e insegura en las décadas de la historia reciente.

Participaron la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, y los senadores Juan Quiñonez Ruiz, de Movimiento Ciudadano; Eruviel Ávila Villegas, del PRI; Víctor Fuentes Solís, del PAN y Félix Salgado Macedonio, de Morena.

CD/YC

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